Escándalo en Luisiana: acusan a oficiales de policía por fraude migratorio y lavado de dinero📍 www.eltiemponola.com📱 Síguenos en Facebook, Instagram y X: @eltiemponola

Nueva Orleans, LA — Una investigación federal destapó una red de corrupción que involucra a empresarios y jefes policiales en Luisiana, acusados de falsificar reportes criminales para beneficiar a inmigrantes con visas especiales a cambio de sobornos.

El fiscal federal interino Alexander Van Hook anunció la imputación de cinco personas como parte de la operación “Take Back America”. El extenso documento de 62 cargos incluye conspiración, soborno, fraude migratorio, fraude postal, fraude de visas y lavado de dinero.

Los acusados son:

• Chandrakant Patel, empresario y dueño de varios restaurantes Subway

• Chad Doyle, jefe de la policía de Oakdale

• Michael “Freck” Slaney, alguacil de la ciudad de Oakdale

• Glynn Dixon, jefe de policía de Forest Hill

• Tebo Onishea, exjefe de policía de Glenmora

Según la acusación de 21 páginas, el esquema habría comenzado en 2015 y se extendió hasta julio de 2025. Las autoridades señalan que los acusados facilitaron cientos de U-Visas, un tipo de visa reservado para víctimas o testigos de crímenes graves que colaboran con la policía.

El empresario Patel habría cobrado miles de dólares a inmigrantes que no eran víctimas reales, y luego pagaba a oficiales policiales hasta $5,000 por cada reporte falso. Los documentos fabricados describían supuestos asaltos a mano armada que, según los fiscales, nunca ocurrieron.

“Se detectó una inusual cantidad de robos armados a personas que ni siquiera eran de Luisiana. En realidad, esos crímenes fueron inventados”, declaró Van Hook.

Los reportes incluían números de caso falsos, descripciones inventadas y supuestos detalles sobre armas y amenazas. Con esos documentos, las personas extranjeras y sus familiares obtenían U-Visas y permanecían en EE.UU. de manera fraudulenta.

Además, los acusados habrían lavado las ganancias del esquema mediante compras de bienes raíces, vehículos y artículos personales.

Este caso sacude a comunidades pequeñas del centro de Luisiana, donde se encuentran varias cárceles para inmigrantes detenidos por ICE. Aunque el estado no tiene frontera con otro país, alberga nueve centros de detención con capacidad para casi 7,000 personas.

El proceso legal continúa y podría tener implicaciones importantes para el sistema migratorio y la confianza en las autoridades locales.