Crisis en el CNE pone en riesgo las elecciones generales en Honduras

Tegucigalpa, julio de 2025 — La crisis institucional del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras ha dado un giro contundente. Ana Paola Hall, consejera propietaria por el Partido Liberal, revirtió su postura y finalmente puso formalmente su cargo a disposición tras denunciar presiones políticas y cuestionar la legalidad del funcionamiento del organismo, desatando un nuevo nivel de incertidumbre sobre la organización de las elecciones generales del 30 de noviembre.

La semana pasada, Hall anunció a través de redes sociales que no respaldaría ninguna decisión sin quorum legal, señalando que tomar decisiones bajo una estructura sesgada sería “actos viciados de ilegalidad” con posibles implicaciones penales. Su postura provocó una profunda crisis interna: desde entonces, ha mantenido silencio y se desconoce su paradero, lo que ha acentuado la preocupación pública .

La renuncia no ha sido presentada formalmente ante el Congreso, lo que ha generado un debate sobre si debe aceptarse de inmediato. Diversos sectores analizaron posibles reemplazos —como Maribel Espinoza, Mauricio Villeda o Jhosy Cálix— aunque solo el Congreso puede formalizar el relevo con 86 votos. Sin embargo, la bancada de Libertad y Refundación (Libre) condiciona su voto a que se respete la verificación manual del TREP, profundizando aún más la paralización.

Mientras tanto, la consejera presidenta Cossette López advirtió que esta crisis pone en “grave riesgo” el cronograma electoral. Expertos constitucionalistas explican que, aunque solo dos consejeros estén activos, no se puede garantizar el quorum legal y las decisiones podrían ser anuladas.

Esta crisis se da en el contexto de las caóticas elecciones primarias de marzo, cuando se reportaron retrasos en materiales y deficiencias logísticas, lo que ya alertó a la comunidad internacional sobre el debilitamiento institucional del CNE.

Con menos de cinco meses para las elecciones generales, Honduras enfrenta una encrucijada electoral. La combinación de renuncia, bloqueos partidarios, amenazas institucionales y la inseguridad respecto a la continuidad del organismo electoral, podría minar la confianza ciudadana en los comicios.

Las autoridades y los partidos deben actuar con urgencia para garantizar un relevo transparente y respetar los plazos legales, si realmente desean unas elecciones limpias y acreditadas por la comunidad nacional e internacional.